Morelia, Mich.- Una de las características más evidentes de la política y los políticos en México es la forma en la que se consideran dueños de lo público. De esa manera, asumen como natural el papel de distribuidor de cargos públicos, presupuestos e incluso condonaciones de deudas.
El Jefe del Ejecutivo, no sólo se siente cabeza y representante de este poder, sino dueño de éste. A manera de señor feudal, dueño de la tierra y de los siervos que viven en ella, entiende que está en sus manos reducir remuneraciones, trasladar de ciudad a sus súbditos y, sobre todo, colocar a leales en tantas posiciones como le sea posible.
La intención de hacer tabla rasa por los nuevos gobiernos, se ve siempre limitada por el propio patrimonialismo de los gobiernos actuales; quienes buscan, a toda costa, proteger a sus empleados de confianza, procediendo a basificarles o estableciendo trabas para su remoción. El caso de las bases otorgadas a 400 empleados por Alfonso Martínez, después de ser derrotado en las urnas, es un buen ejemplo de ello.
La inquietud común entre representantes populares es decidir, al momento de conformar sus equipos de gobierno o legislativos, entre leales y capaces. El falso dilema, en realidad ya ha sido resuelto hace poco más de cien años por el sociólogo Max Weber y sus argumentos en pro de la racionalización burocrática.
Lamentablemente, los esfuerzos en favor de un servicio civil de carrera siempre se han encontrado, además de las evidentes dificultades que implica minar la idea de que los puestos en la burocracia son propiedad de quien los ostenta y que, por lo tanto, tiene derecho a venderlos o heredarlos, con poca voluntad política y con claros esfuerzos de camarilla para burlan reglamentos y designar a los leales.
Y es que los puestos públicos son moneda de cambio en la campaña. Muchas horas de trabajo son regaladas a candidatos a todos los puestos, y en todos los niveles, con la esperanza de obtener alguna retribución en el gobierno, el famoso “no me des, a mí ponme donde haya”.
Pero los condicionamientos en campaña no sólo exigen posiciones en la burocracia, los patrocinadores privados también suelen añorar contratos con entes públicos que les aseguren la supervivencia de sus negocios. Las adjudicaciones directas, las obras que no sostienen por su impacto social y los presupuestos inflados son consecuencia de este pago de favores.
Esas condicionantes fueron la bomba escondida en la primera administración independiente de Morelia que, aunque comenzó ofertando una mayor participación ciudadana para establecer gobernanza, rápidamente tuvo que ceder a los intereses de aquellos que les habían apoyado en campaña y que evidentemente se presentaron a cobrar facturas.
De esa manera, la promesa de hacer concursos de oposición entre ciudadanos para ocupar plazas de la administración pública municipal quedó convertida en simulación, que confirmó a los de confianza. También explica el abandono de los cuerpos de deliberación ciudadana integrados en Consejos, así como la cerrazón a revisar obras que no eran respaldadas por los vecinos y que, además, se construían en una opacidad, al menos, sospechosa.
Esos males incubados en la pasada administración municipal son, entre otros factores, responsables de la derrota del proyecto morado en la ciudad.
Paradójicamente, Raúl Morón, quien ha sido acusado de ser beneficiario pasivo del efecto López Obrador, tiene, en su campaña de bajo perfil y no onerosa, una posibilidad importante de acabar con los males del patrimonialismo.
Me explico, Morón gastó el 43% de lo gastado por la planilla de Alfonso en la última elección; además, sólo 1 de cada 3 pesos que recaudó su campaña fue recolectado entre simpatizantes o en especie, en contraposición a Martínez Alcázar, quien recaudó casi el triple, todo entre simpatizantes.
Es decir, al menos en el papel Morón tiene muchos menos favores que pagar y, por lo tanto, más libertad para emprender acciones que favorezcan una administración municipal más profesionalizada y un esquema deliberativo de las obras, que escuche a los ciudadanos y cuide la trasparencia en el uso de los recursos.
Falta muy poco para ver qué tipo de administración han ideado para la ciudad Morón y su equipo. Ojalá que, así como sorpresivo ha sido su triunfo sean los esfuerzos por hacer un gobierno efectivo que se coloque al servicio de los morelianos. La ciudad lo exige en cada lluvia, en cada hora pico, en cada unidad de transporte, en cada calle con baches, en cada negocio que se cierra: Morelia tiene que mirar al futuro y con un gobierno de cuates, será imposible.
@HernandezJorge y jorge.hernandez@colmex.mx/atiempo.mx
