La ASF reportó en su informe de fiscalización de la cuenta pública que en 2014 se mantenía la “licuadora financiera”, la falta de transparencia y aclaración de recursos a educación, salud y desarrollo social
Tras revelarse el informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2014 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado hizo un llamado a terminar con la impunidad en Michoacán y a ir hasta las últimas consecuencias para sancionar a quienes cometieron daño al erario.
A nombre de la bancada blanquiazul, Carlos Quintana Martínez lamentó que se diera continuidad a las mismas prácticas administrativas de opacidad como la “licuadora financiera”, para ejercer recursos federales en distintos programas o acciones a las que no eran su fin o se proyectaron con antelación.
“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincide con la ASF respecto a que existe la falta de controles o mecanismos que registren la correcta aplicación del gasto público en cada una de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo de Michoacán”, señaló Quintana Martínez.
Los diputados panistas informaron que después de hacer una minuciosa revisión al informe de fiscalización de la ASF de la cuenta pública del 2014, se destaca que fondos de aportaciones a educación, inversión social y programas de escuelas de tiempo completo presentan irregularidades y presuntos daños al erario federal por autoridades de Michoacán por el orden de los 4 mil 401 millones 638 mil pesos.
En Michoacán, el diputado Carlos Quintana reveló que dentro de las observaciones al gasto se encuentra el Programa de Seguro Popular, del cual se destinaron cerca de 24 millones 144.1 mil pesos a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa y sin que la cuenta fuera del Gobierno del Estado.
Además, dijo que otra de las observaciones detectadas por el órgano de fiscalización federal es de 2 millones 15.9 mil pesos por destinar recursos del Seguro Popular para adquirir medicamentos a un precio superior al de referencia y medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y un millón 296.7 mil pesos por el pago a cuatro servidores públicos comisionados al sindicato, que realizan actividades distintas a las del servicio de atención a los afiliados del Seguro Popular.
Finalmente, los diputados emanados de Acción Nacional exhortaron a las autoridades federales y estatales a coadyuvar con los órganos de fiscalización para que estos señalamientos no queden impunes en caso de que no se puedan solventar.
