Opinión

NOVUS ORDO SECLORUM.

Por:  . M. en D. Joaquín R. Benítez Vera

“Hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada”. Mijail Bakunin (Revolucionario ruso).

Ataque al acceso de la información.

Cuando el entonces presidente Vicente Fox, orillado por la presión social, promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la partidocracia jamás imaginó que se convertiría en su propia espada de Damocles, pues con ella se descubriría fehacientemente la corrupción imperante en el sistema político; asimismo quedaron al descubierto las redes de complicidad entre la clase empresarial y política, una simbiosis que ha saqueado las arcas nacionales y los recursos naturales.

La exhibición de las triquiñuelas de la partidocracia ha hecho que quieran limitar los derechos de transparencia y acceso a la información pública, las modificaciones que se pretenden votar en el Senado de la República (súper sic) pretenden limitar el derecho del ciudadano para solicitar la información sobre las operaciones financieras que los gobiernos  están llevando a cabo, entre otros derechos.

En la nueva ley se pretende introducir el concepto de “seguridad nacional”, para el efecto de poder reservar toda la información que atente contra la misma y “estabilidad del país”, no obstante, se deja a la ambigüedad el criterio para clasificar que información es o no de seguridad nacional, por lo que el discernimiento de clasificación se dejará al arbitrio del titular de la institución que reciba la solicitud de información respectiva.

Así que, se vaticina que las instituciones gubernamentales, escudadas en la seguridad nacional reserven mucha información, con lo que se estaría ante un claro retroceso  en materia de transparencia y rendición de cuenta, las cuales han provocado diversos dolores de cabeza a los políticos mexicanos, desde el presidente de un municipio pequeño hasta el mismo mandatario federal, cuyo equipo de trabajo, específicamente Humberto Castillejos, son los promotores de las iniciativas secundarias que pretenden cooptar el acceso a la información pública.

El dictamen que se discute en el Senado, a través de la incorporación de un lenguaje leguleyo y ambiguo, pretende ponerle una camisa de fuerza a la reforma constitucional que en 2014 se impulsó en materia de transparencia; la peligrosidad del acceso a la información pública quedó al descubierto en asuntos como las Casas Blancas y de Malinalco, los contratos de grupo Higa, así como con las propiedades en el extranjero de connotados miembros de la política nacional.

La opacidad de la nueva ley se vislumbra en temas como el de dejar fuera de la rendición de cuentas a los fideicomisos públicos, que son precisamente uno de los mecanismos legales favoritos para evadir la fiscalización, escrutinio y transparencia de los recursos públicos; manejándose a voluntad de los políticos como si se tratase de sus dineros propios.

Asimismo, como nuevo candado se incluirá en la ley en comento, que las instituciones públicas podrán reservar la información, cuando atente contra la estabilidad económica, es decir, que casi toda la información solicitada incide de una manera u otra en lo económico, por tal motivo se podrá negar a los ciudadanos, ejemplo hipotético: cuando se solicitaron a la PGR los dictámenes periciales del caso Tlatlaya, la procuraduría siguiendo este nuevo criterio, pudo negarlos argumentando que al haber manifestaciones y protestas en las calles, éstas impactarían la economía del Distrito Federal, en su comercio.

Al igual que con la reforma de la consulta popular, en la que se estableció el su improcedencia en asuntos económicos, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pretende contenerlo estará destinada a ser un arma ciudadana sin dientes y sin fuerza coercitiva en su beneficio; por el contrario será otra ley obsoleta disfrazada de democracia.

Por un lado dará la impresión hacia el exterior y la ciudadanía, de que se avanza en la construcción y consolidación de la democracia, pero por el otro, será un instrumento de control de la clase gobernante, la cual seguirá decidiendo a su prudente arbitrio que información podemos conocer los mexicanos o cual no, al final seguirán en su juego del gatopardismo.

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Comentarios y sugerencias en jbenitezv_nos@hotmail.com

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