Por: Martín Ramos
Con jolgorio y animosas porras las campañas a gobernador han cumplido 8 días de buscar el voto de los michoacanos, y con ellas los primeros errores en las mismas empiezan a relucir (o a acumularse, dependiendo el caso).
Con agendas apretadas y compromisos realizados Cocoa, Chon y Silvano han destinado la primer semana de sus campañas a recorrer el estado en sus distintas regiones. Desde charlas con jóvenes sentados en el pasto, como lo hizo Cocoa en Zamora, hasta multitudinarios mítines por parte de Chon y Silvano a unas cuantas cuadras de distancia, como sucedió en Pátzcuaro al coincidir ambos candidatos.
Sus estrategias están trazadas y al parecer sus estrategas no han tomado en cuenta un elemento fundamental a la hora de planear una campaña electoral: la Ley.
Sí. Ese ente abstracto indefinible llamado derecho, que inclusive puede mutar dependiendo del humor de los Magistrados, sebe ser parte toral al momento de diseñar una estrategia estatal para buscar el voto del ciudadano, y más aún la Ley electoral que fiscaliza todo aquel artículo, propaganda, micrófono cable, bocina, templete, lona, etc, etc, que lleve el nombre del candidato o se use con fines relacionados a la campaña del candidato en cuestión. Incluso la ambulancia de Silvano va a ser fiscalizada.
En este sentido, parece ser que esta Ley, que pareciera que puede ser pisoteada a placer por aquellos detentadores del Poder que al más puro etilo del Rey Luis XIV de Francia creen poder decir “el estado soy yo”, no ha sido tomada en cuenta a tal grado que pareciera inexistente. Para muestra dos botones.
Ayer por la tarde medios de circulación estatal comenzaron a difundir fotografías en las que se aprecian algunos jóvenes simpatizantes del PRD montados en una patrulla de la Fuerza Ciudadana adscrita al municipio de Zamora –lugar donde tuvo el mitin silvanista ese mismo día– identificada con el número económico 05-175, haciendo campaña a favor del candidato Silvano Aureoles, lo cual constituye un delito electoral, según lo establecido por la fracción III, del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma que impone una multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo o prisión de 2 a 9 años. Si bien, esta situación se dio de manera espontánea, representa la falta de civilidad y cultura por parte de los militantes del referido partido, así como del funcionario que utilizó la citada unidad destinada para el uso de seguridad pública y para aquel que permitió esa implementación. Dicho sea de paso el partido como tal también es responsable de la conducta ilegal, a partir del principio Culpa in Vigilando, en la que los partidos políticos son responsables del actuar de sus militantes y simpatizantes.
Pero los errores no son exclusivos de algún partido político, ya que PRI también ha tenido los suyos en lo que va de la presente contienda electoral.
Desde hace algunos días circulaba en medios que el candidato del PRI Chon Orihuela estaría violando la normatividad electoral al colocar propaganda en puentes peatonales de la ciudad de Morelia, ya que la Ley establece que se encuentra prohibida la colocación de propaganda político electoral en mobiliario público, como lo son evidentemente los puentes peatonales. Sin embargo, el truco se encuentra en que dichas estructuras montadas sobre el puente peatonal se encuentran concesionadas a particulares que les dan el uso propagandístico y que el PRI, hábilmente, contrató para difundir la imagen de su partido. No obstante, la oposición enderezó sendos litigios para hacer que se acatara la ley y establecer el estado de derecho, lo que resultó en que el Instituto Electoral de Michoacán ordenara a Ascensión Orihuela Bárcenas y al PRI se retire su propaganda de todos los puentes peatonales de la capital michoacana. La resolución no es definitiva, ya que solamente son medidas cautelares, sin embargo, el golpe mediático ha acertado.
Así, a poco más de 8 días de iniciadas las campañas electorales los errores aparecen y se acumulan, y probablemente se conviertan en un barómetro electoral al determinar que el candidato que cometa menos errores sea al que se le otorgue el voto.
