Por: M. en D. Joaquín R. Benítez V.
“La función del liberalismo era poner un límite a los poderes de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será la de poner un límite al poder de los parlamentarios.” Herbert Spencer (naturalista, filósofo psicólogo, antropólogo y sociólogo inglés).
Poder Legislativo, derroche sin fin.
La rendición de cuentas, transparencia y ataque a la corrupción se ha centrado en los Poderes Ejecutivo y Judicial, en sus tres ámbitos de gobierno, sin embargo, estos temas se han dejado de lado respecto a las Legislaturas de los Estados, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, manteniéndoles en la opacidad respecto a los cuantiosos recursos públicos que manejan.
Por ello, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), desde el 26 de junio de 2017, realizó la presentación de su análisis “Finanzas Públicas. Informe Legislativo 2017” (http://imco.org.mx/finanzaspublicas/#!/informe-legislativo), el cual arrojó, entre otros, los datos siguientes:
“1. En México hay 1,124 diputados locales y sostenerlos cuesta 13 mil 551.3 millones de pesos anuales.
- Otorgar ayudas sociales no forma parte de las funciones de un legislador, sin embargo 17 congresos gastaron en total 1,355.6 millones de pesos por este concepto.
- Las facultades de fiscalización están a cargo de los poderes legislativos a través de sus entidades de fiscalización , órganos encargados de revisar que los recursos se ejerzan correctamente, por ello, el presupuesto que se les destina refleja la propiedad que se da en la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. Solo la Auditoría Superior de Puebla tiene aprobado un presupuesto mayor que su Congreso, mientras que la de Michoacán carece de autonomía financiera y está sujeta a los recursos que le otorgue su Congreso.
- En un contexto de opacidad y discrecionalidad, la corrupción impide el funcionamiento efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los gobernadores y presidentes municipales”.
Tan sólo en Michoacán la Cámara de Diputados tiene un presupuesto anual de más de 875 millones de pesos; 28 comisiones cuando en otros países llegan a tener hasta más de 70; laboran 408 personas y cada diputado tiene derecho a tener 10 servidores públicos, es decir, tienen a su disposición un enorme capital de recursos humanos, materiales y financieros.
En cuanto a la distribución del presupuesto el congreso michoacano no quiso atender la solicitud de información del IMCO, ni tampoco responder respecto al monto de recursos percibidos por cada diputado, tanto legal como lo oculto, entre otras preguntas; lo cual lo ha convertido en uno de los más opacos del país, ¿acaso tendrá algo que esconder?
Pero no sólo se trata de la falta de transparencia y rendición de cuentas en las legislaturas locales, también se encuentran los casos de corrupción como el de Eva Cadena al recibir dinero en efectivo para la campaña de MORENA o el de Fernando Reyes Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano que recibió 2.4 millones del gobierno de César Duarte en Chihuahua o el caso de los diputados de San Luis Potosí que pedían “moches” a los alcaldes para “limpiar” sus cuentas.
Los casos de corrupción abundan en los Congresos locales, sin embargo han sido pocos los que han llamado la atención de la ciudadanía, quizá por estar más atentos de los hechos u omisiones del Presidente de la república, Secretarios de Estado, Gobernadores, presidentes municipales, jueces, etc., sin embargo, ya es momento de mirar a los curules y escaños blanqueados de Diputados y Senadores para exigirles el cumplimiento de la ley.
El Sistema Nacional Anticorrupción así como los estatales, deben de estar dotados de autonomía, tanto en la designación de sus miembros como en el ejercicio de su presupuesto, pues de no hacerlo, nacerá muerto; si es la cúspide partidista quien escoja a aquellas personas encargadas del combate a la corrupción, entonces será una réplica de los órganos de fiscalización actuales, los cuales no han funcionado.
El pluralismo partidario que en sus orígenes parecía un avance democrático ante el autoritarismo partidario, se fue desdibujando poco a poco, hasta convertirlo en una red de complicidades, en la que el poder y el dinero han puesto de rodillas a todos los partidos políticos emanados para combatir al sistema putrefacto, convirtiéndose en un accesorio del cadáver político.
El derroche no sólo se da entre los Diputados, en últimos días se difundió la noticia de que la Senadora del PT, Layda Sansores, facturó a nombre del Senado diversas compras personales, incluida ropa, bolsas, tintes de cabello, etc., con lo cual se puso de manifiesto que ningún partido político está exento de los abusos de poder y el despilfarro del presupuesto, quizá sea más relevante al tratarse de una legisladora de oposición.
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